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PELIGROSA POLÍTICA DE DESALOJO DE TIERRAS

Según informaciones proporcionadas por organizaciones campesinas, en el norte de Guatemala, especialmente en los departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal se esta desarrollando en la actualidad un proceso de desalojo violento de comunidades que ocupan tierras privadas y nacionales.

En los Acuerdos de Paz, especialmente en el Acuerdo sobre Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, se da el reconocimiento del convenio 169 y los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, de las propiedades comunales y el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. En ese mismo documento se plantea que el gobierno realizará los esfuerzos necesarios para regularizar la posesión de las tierras comunales.

Adicionalmente en el Acuerdo sobre aspectos Socioeconómico y situación agraria, se plantea que “La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. En ese mismo Acuerdo se reconoce la necesidad de promover el acceso a tierras a los campesinos y el uso sostenible de los recursos naturales en todo el país.

Las instituciones creadas para ejecutar este tipo de políticas han resultado un autentico fracaso, como es el caso del Fondo de Tierras, ya que en lugar de promover un verdadero acceso a la tierra por parte de los campesinos, y brindarles certeza jurídica sobre sus posesiones, ha fomentado la compra y venta de tierras sin valor productivo a los campesinos y sin brindarles certeza jurídica sobre sus posesiones, ya que muchas de las mismas no cuentan con su respectivo catastro.

La puesta en marcha del Registro de Información Catastral, es una muestra de la falta de certeza jurídica sobre las tierras en Guatemala, ya que muchas de las propiedades que aparecen en el Registro de la Propiedad física, no concuerdan con sus geoposicionamientos físicos, situación que agrava la conflictiva social en el agro guatemalteco.

La ausencia de políticas claras de acceso a la tierra hacia los campesinos, ha provocado el surgimiento de un proceso de ocupaciones de tierras, tanto privadas como nacionales, con el propósito de contar un pedazo de tierra que les permita su subsistencia y el de su familia.

La actual política de desalojos del gobierno, solo busca garantizar la propiedad privada, especialmente de algunas personas que se dicen amigas del señor presidente.

En ese sentido, en el departamento de Alta Verapaz en la presente semana se conoció por parte de las organizaciones campesinas la realización de un desalojo en la finca Buena Vista, del municipio de Livingston. La oportuna intervención de autoridades de la Secretaria de Asuntos Agrarios, evitó que el desalojo tuviera matices de enfrentamiento, buscando la promoción de una salida negociada de este conflicto.

Sin embargo, informaciones provenientes de estas organizaciones ponen en evidencia la existencia para la próxima semana de otros casos de desalojo de campesinos, los cuales serán ejecutados por el Ministerio público y la Policía Nacional Civil.

Lo anterior es una demostración de la existencia de una política de Estado, tendente a garantizar la propiedad de los amigos del presidente, por medio del desalojo violento de los campesinos, contraviniendo los compromisos asumidos por el gobierno en los Acuerdos de Paz.

Guatemala 12 de junio de 2007

GAM

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