GuatemalaDocumentsPublicacions ActivitatsBrigadesProjectesImmigració Enllaços Qui somContacta
 
Any 2008Any 2007Any 2006Any 2005Any 2004 Any 2003
 

Breve análisis de la situación de defensores
de derechos humanos en Guatemala

Elaborado por ConadEGUA.

13 de mayo de 2005


El año pasado hubo 122 ataques en contra de defensores, de estos12 fueron
allanamientos y 15 fueron asesinatos. Alrededor del 40% de estos ataques
tienen un origen en la confrontación con un poder local. El resto tiene los
patrones propios de operaciones de inteligencia de aparatos militares. Este
patrón es similar al ocurrido entre el 2000 y el 2003 donde se
contabilizaron 387 ataques de los cuáles 119 tenían indicios de participación
de aparatos clandestinas de seguridad. Durante el gobierno de Portillo se
contabilizaron 68 allanamientos en cuatro años (un promedio de 17 ataques al año).
La cosa se agrava este año, hasta el 12 de mayo estábamos contabilizando
65 ataques, de los cuáles 15 son allanamientos. De estos allanamientos, 8
se dieron entre el sábado 7 y el jueves 12 de mayo. La gravedad de la escalada
de los allanamientos llama a la reflexión y acción por parte de la comunidad
nacional e internacional. El patrón de ataques que hoy vemos no se ha visto
antes. Si bien es cierto, durante los cinco años anteriores ha habido
momentos de picos de ataques, el patrón ha sido que organizaciones similares
empiezan a recibir distinto tipo de ataques. Usualmente encontrábamos,
allanamientos, amenazas de muerte e intimidaciones.
Experimentamos, el año pasado y este, dos patrones novedosos de ataques: uno
el ataque sistemático y prolongado en el tiempo en contra de CALDH que ha
llegado a contabilizar más de 28 ataques en un año y la criminalización del
accionar de defensa orientado tanto contra abogados de casos así como
dirigentes de manifestaciones. No obstante, se ha mantenido la persistencia
de los ataques en contra de defensores de los departamentos que usualmente se
vinculan a cuerpos ilegales y a redes criminales locales (ataques en contra de la
UVOC, la Asociación de Mujeres Ixiles de Nebaj y el asesinato de Florentín
Gudiel) y la acción de hostigamiento en contra de organizaciones que
defienden el derecho de la verdad y la justicia, así como a los periodistas
que cubren fuente o temas de derechos humanos (ataques en contra de H.I.J.O.S. y
periodistas de Radio Universidad).
¿Qué es distinto de lo que ha pasado en los últimos 6 días y qué es común a
los últimos cinco años?
Lo común es la persistencia de allanamientos para obtener información.
Tanto la CNOC (noche entre el 7 y el 8 de mayo) e H.I.J.O.S (mañana del 12
de mayo)[2] le fueron robados los CPU's conteniendo información. En ambas
instituciones dejaron atrás cosas de valor y hubo registro de fotos -en
H.I.J.O.S. se las llevaron-. El objeto de este tipo de allanamiento es tomar control
de las redes de apoyo político, financiero y operativo de las organizaciones.
En el caso de organizaciones como CNOC es conocer su estado contable y poder
detectar sus debilidades. Los ataques a ambas organizaciones se vinculan
al MICSP (Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular) que se ha opuesto
a la aprobación del TLC y de la Ley de Concesiones. Interesantemente, ambas
tienen protagonismo en las manifestaciones. La CNOC por ser la sede
operativa del MICSP e H.I.J.O.S. por ser activos y estar en la primera fila de las
manifestaciones.
Esto es muy parecido a los 6 allanamientos en contra de organizaciones
indígenas y afines al movimiento indígenas ocurridas en febrero como efecto
posterior a las protestas en Sololá contra la minería de metales. El caso
de H.I.J.O.S. empieza a preocupar ya que se parece al patrón sufrido por CEIBAS
entre el 2000 y el 2001 que llevó a la desaparición de la organización.
Lo distinto han sido los allanamientos en contra de la sede del Movimiento
Nacional de Derechos Humanos en Santa Rosa (noche entre 8 y 9 de mayo), la
sede de la Federación de Iglesias Luterana en Petén (noche entre 8 y 9 de
mayo), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (noche del 10 de
mayo), la CUSG (noche entre 10 y 11 de mayo) y el intento de allanamiento en
contra de la CGTG (noche del 10 de mayo, fue impedido por la presencia de
sindicalistas en la sede a las 9:30 de la noche). En estos casos no ha
habido ni robo ni registro de información. Lo que dejaron fueron huellas de su
ingreso: puertas abiertas, puertas o techos forzados o prendas. Solo en el caso
de Santa Rosa hubo robo de una grabadora de reportero y un UPS. En dos de
estos casos no se forzó el ingreso.
El siguiente allanamiento reviste características muy preocupante tanto por
la característica del mismo como el hecho de que una de las víctimas es una
acompañante. El 11 de mayo en horas de la mañana fue allanada la casa de
Byron Garoz (de la CONGECOOP y la Mesa Global) y Cristina Buczko
(Coordinadora del Proyecto de Acompañamiento de Austria). En este caso,
el ingreso fue sin forzar la puerta y hubo señales de registro intenso.
Dejaron atrás una serie de mensajes como una camisa de Marx extendida
en la venta, un bulto conteniendo efectos personales del Sr. Garoz
junto con fotografías dedesconocidos y una carta de un preso.
En este caso se bañaron en el lugar y dejaron atrás efectos personales.
Otra cosa que ha cambiado es la actitud de los defensores ante los ataques.
Este año se ha caracterizado por el activo involucramiento de las
organizaciones en la denuncia a la Policía Nacional Civil y al Ministerio
Público.
Casi todos los casos han sido remitos inmediatamente. En todos los casos
denunciados las autoridades se han presentado y han realizado las
diligencias de investigación. Aunque en algunos casos han dejado atrás
evidencias, en general se han dado los procedimientos iniciales de investigación.
Lo que ocurrió en el pasado con las denuncias de este tipo es que los resultados
son nulos ya que usualmente ninguna de las evidencias dejadas atrás
conectan con un nombre específico. La norma es que a los dos
años los casos se archivan por imposibilidad de seguir investigando.
Por otra parte, la actuación de la PNC y del Ministerio de Gobernación es
errática. Llega a diligenciar la investigación, pero por otra parte reprime
al movimiento social y genera cercos para impedir el paso de las
manifestaciones como ocurrió el 1 de mayo. Se muestra preocupada por la
situación, pero en todos los casos donde hay medidas cautelares
los efectivos policiales son inconstantes en su presencia y en algunos casos
ni siquiera aparecen.
Algunas reflexiones útiles para explicar porqué se está agravando la
situación
1. La pérdida de la CICIACS como resultado de la actividad proactiva de
los partidos El Patriota, el FRG, el PAN y los Unionistas; así como la
ausencia de voluntad para impulsarla de la GANA y el ejecutivo ha
envalentonado a las estructuras clandestinas. Finalmente están
retomando su juego de desestabilización que puede venir de grupos dentro
del gobierno o fuera de él.
2. Los ataques para obtener información se unen a rumores de que desde
la SAE presuntamente se están realizando operaciones de inteligencia en
torno a la dirigencia social. Aunque no hay forma de probar dicho extremo, hay
que señalar que la presencia de personas extrañas y vigilantes ante las
organizaciones del COS y del MICSP es preocupante. Estos hechos llaman a
preguntar,
¿quién está utilizando la información y para qué?
3. Funcionarios del gobierno iniciaron una campaña en contra de las
organizaciones campesinas, medio ambientalistas, del COS y del MICSP. En
todos los casos, desde el año pasado, se han querido equiparar a sus dirigencias
con corruptos, desestabilizadores, terroristas y izquierdistas transnochados.
Tenemos sendas declaraciones públicas en este sentido, emitidas antes,
durante y después de momentos de altos grados de conflictividad. También hay
rumores bastante graves de que algunos funcionarios han estado difundiendo
la idea de que el movimiento social recibe fondos de Chávez y Castro tratando
levantar los valores del anticomunismo de los años del enfrentamiento
armado.
4. La persistencia de los ataques en contra de defensores de derechos
humanos está generando una visión estadística y de equiparación a los hechos
de violencia comunes. Finalmente, el Estado está reconociendo más de 1,200
robos de vehículos, más de 100 asesinatos de mujeres, un promedio de 10
homicidios diarios y más de 65 ataques a defensores.
5. Aunque hay enormes esfuerzos de trabajo unitario en temas puntuales,
aún existe mucha dispersión y conflictividad entre y dentro de los sectores
que vulnerabiliza la situación de todos y todas. Es necesario recuperar
esfuerzos de defensa y búsqueda de la seguridad que permitan que los
sectores sigan activando en sus temas.
Recomendaciones mínimas:
1. Revisar los planes de seguridad, realizar back up de la información
de las organizaciones y reactivar las redes de emergencia.
2. Si ocurre algo, inmediatamente avisar a las autoridades y otras
organizaciones (si es de interés la Unidad de Defensores y organizaciones
como SEDEM están a sus órdenes). Si el hecho es grave recomendamos la denuncia pública.
3. Establecer un plan conjunto que no sólo denuncie lo que ocurre sino
que busque que el gobierno y la comunidad internacional realicen acciones
concretas para bajar el riesgo.


Guatemala, 13 de mayo de 2005
________________________________
[1] Breve análisis preparado por Claudia Samayoa en nombre de la Unidad de
Defensores de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.
La información recopilada ha sido verificada por la Unidad de las cuáles son
miembros Ana Gladys Ollas y Ruth del Valle quienes también pueden responder
preguntas sobre el contenido de este documento. Escribir a
udefegua@yahoo.com,
ruthdelvalle@intelnett.com, cvsjrh@intelnet.net.gt
[2] Recordamos que el 10 de enero de este año, H.I.J.O.S. fue allanada con
robo de computadoras y el equipo de sonido que es la sostenibilidad de la
organización.